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✍️Opinión Flor Opinión 
Acapulco, Gro., – Lo que comenzó como una discusión técnica sobre facultades de fiscalización, ha derivado en un escándalo político que deja más dudas que certezas. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no solo se ha negado a comprobar el uso de cerca de 900 millones de pesos ejercidos en 2023, sino que ha decidido victimizarse con discursos grandilocuentes, acusando una “santa inquisición” y sugiriendo, sin nombres ni pruebas, que la quieren ver tras las rejas.
En contraste, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta, ha sido directo: “ni lo de una banqueta comprobó”. Y no es un ataque político, sino un hecho técnico y legal. De los 158 entes fiscalizables en Guerrero, solo Acapulco —el municipio con más presupuesto— decidió no entregar documentación. Todos los demás cumplieron. Todos, menos uno.
Y ante esta realidad, la presidenta municipal ha optado por la estrategia del ruido: descalificar a la autoridad fiscalizadora, lanzar insinuaciones sin fundamento y dramatizar el escenario mediático. Lo ha hecho en medios nacionales, repitiendo el discurso de que todo esto es parte de una persecución.
Pero aquí no se trata de persecuciones ni de teorías conspirativas. Se trata de dinero público. De obras que debieron haberse hecho. De calles que siguen sin pavimentarse. De luminarias que no se colocaron. De banquetas que no se construyeron. De un puerto que sigue hundido en el abandono post-huracán, mientras su gobierno presume gestiones millonarias sin comprobar un solo peso.
No es la ASE la que debe estar en el banquillo, sino la alcaldesa. Y no por presión política, sino por simple rendición de cuentas. Porque cuando se administra dinero público, se deben presentar facturas, contratos, evidencias físicas, no solo discursos incendiarios.
Si la alcaldesa tiene razón, que lo demuestre. Si tiene cómo comprobar cada peso ejercido, que entregue los documentos. Pero si no puede… entonces que asuma la responsabilidad de haber fallado a la ciudad que juró gobernar con honestidad.
La transparencia no es opcional. Es obligación.
Acapulco, Gro., – Lo que comenzó como una discusión técnica sobre facultades de fiscalización, ha derivado en un escándalo político que deja más dudas que certezas. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no solo se ha negado a comprobar el uso de cerca de 900 millones de pesos ejercidos en 2023, sino que ha decidido victimizarse con discursos grandilocuentes, acusando una “santa inquisición” y sugiriendo, sin nombres ni pruebas, que la quieren ver tras las rejas.
En contraste, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta, ha sido directo: “ni lo de una banqueta comprobó”. Y no es un ataque político, sino un hecho técnico y legal. De los 158 entes fiscalizables en Guerrero, solo Acapulco —el municipio con más presupuesto— decidió no entregar documentación. Todos los demás cumplieron. Todos, menos uno.
Y ante esta realidad, la presidenta municipal ha optado por la estrategia del ruido: descalificar a la autoridad fiscalizadora, lanzar insinuaciones sin fundamento y dramatizar el escenario mediático. Lo ha hecho en medios nacionales, repitiendo el discurso de que todo esto es parte de una persecución.
Pero aquí no se trata de persecuciones ni de teorías conspirativas. Se trata de dinero público. De obras que debieron haberse hecho. De calles que siguen sin pavimentarse. De luminarias que no se colocaron. De banquetas que no se construyeron. De un puerto que sigue hundido en el abandono post-huracán, mientras su gobierno presume gestiones millonarias sin comprobar un solo peso.
No es la ASE la que debe estar en el banquillo, sino la alcaldesa. Y no por presión política, sino por simple rendición de cuentas. Porque cuando se administra dinero público, se deben presentar facturas, contratos, evidencias físicas, no solo discursos incendiarios.
Si la alcaldesa tiene razón, que lo demuestre. Si tiene cómo comprobar cada peso ejercido, que entregue los documentos. Pero si no puede… entonces que asuma la responsabilidad de haber fallado a la ciudad que juró gobernar con honestidad.
La transparencia no es opcional. Es obligación.
