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No hubo riña en concierto de “Bronco” en Juliantla, como afirma el Fiscal: Casa Siloe 

*** Presenta colectivo ciudadano documentos que contradicen la versión oficial de la Fiscalía de Guerrero, en torno al crimen de los padres Germaín e Iván
*** Era un evento religioso porque había fiestas patronales, y por ello la presencia de los curas; precisan

Jonathan Cuevas/API

Iguala, Gro. 14 de Febrero del 2018.- El concierto al que asistieron los padres Germaín Muñiz e Iván Añorve en Juliantla, fue un evento enmarcado en la religión católica, con motivo de las fiestas patronales del pueblo. De acuerdo al parte informativo del comisario, “no hubo ningún incidente”, lo que contradice la versión del Fiscal Javier Olea Peláez, quien afirmó que se habría suscitado una riña y por ello, los dos curas fueron asesinados.
Lo anterior fue revelado por la asociación “Casa Siloe” de Iguala, apegada a la religión católica, cuyos representantes mostraron copias del permiso otorgado al organizador por el Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón, y el informe de la Comisaría de Juliantla, por el que se indica al municipio que no hubo ningún tipo de riña al interior del evento.
De acuerdo a esos documentos, el 08 de Enero del año en curso, el organizador Hugo Raúl Figueroa Fitz, propietario del “Rancho la Misión” y sobrino del extinto cantautor Joan Sebastian, obtuvo el permiso al Ayuntamiento de Taxco, a través del director de reglamentos, comercio y espectáculos, Marco Antonio González Gómez.
En el oficio se lee que el Ayuntamiento “autoriza el permiso para llevar a cabo la Festividad Tradicional de la Candelaria de la comunidad de Juliantla (…), en los que se realizará un Baile en la plaza de toros ‘LA MISIÓN’, el día 04 de febrero del presente año, a partir de las 21:00 a las 02:00 horas”.
En el mismo, el Ayuntamiento “se deslinda” del evento y precisa que cualquier situación será exclusivamente responsabilidad de los organizadores, a quienes les pide preservar el orden.
No obstante se requirió un pago de 9 mil 970.50 pesos, por concepto de “Bailes eventuales de espectáculos sobre boletaje vendido”, y se cobra el 15 por ciento de “contribución estatal”.
El otro documento sellado el 06 de Febrero, es un informe del comisario Edilberto Figueroa López, que indica:
“Por medio del presente y en atención a su oficio número DRCY/0038/2018, me permito informarle que en el baile autorizado al C. Hugo Raúl Figueroa Fitz, de fecha 04 de febrero del 2018, no se suscitó ningún tipo de incidente que alterará la paz y el orden dentro de la plaza de toros la misión, así como fuera de ella y en lo que respecta a los límites de la comunidad que dignamente represente, lo cual le reporto saldo blanco”.
Expone además que once elementos de la comisión de seguridad de la comunidad, vigilaron este evento y, según Casa Siloe, hubo filtros de seguridad en la entrada y la revisión de personas para evitar que ingresarán armados.
Esta versión se contrapone a la versión de la Fiscalía del Estado, que en su primer informe público sobre los hechos, señala que durante el evento existió “un conflicto” entre diversas personas con el grupo de personas que acompañaban a los sacerdotes.
El Fiscal hizo énfasis en una supuesta “imprudencia” de los padres, al acudir a un “baile” en el que se presentó el grupo “Bronco”, en Juliantla y, viajar de madrugada, pero para el colectivo “Siloe”, la presencia de Germaín e Iván fue porque se trataba de una festividad religiosa, además, confiados del artículo 11 de la Constitución Política de México, que impone la obligación del Estado de garantizar el derecho del libre tránsito de todos los ciudadanos.
Sobre la versión oficial de que los curas convivieron con grupos delictivos del Estado de México, Morelos y Guerrero; Anselmo Campuzano, coordinador de Casa Siloe, acusó que desafortunadamente Javier Olea está siendo tendencioso y violando el debido proceso, además de que es una constante relacionar a las víctimas de la violencia, con el crimen organizado.
Ofrecieron su respaldo al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ante los ataques que, consideran, le están haciendo desde el gobierno del Estado y Federal, por exhibir las omisiones y falsas acusaciones del Fiscal.
Por ello exigieron a Olea Peláez una disculpa pública por criminalizar a las víctimas, pero, también requirieron su remoción inmediata, así como la del Fiscal Regional en la Zona Norte, José Luis Martínez Silva.
Al gobierno en todos sus niveles y al sector político, piden frenar el hostigamiento contra la iglesia católica y, finalmente anunciaron una marcha denominada “caminamos por la paz”, el día miércoles 21 de febrero en la ciudad de Iguala. (Agencia Periodística de Investigación)

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