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Aguirre debe ser llevado a juicio, no a otro cargo de elección popular: Ayotzinapa

Bernardo Torres/API 

Chilpancingo, Gro. 12 de Diciembre de 2017.- Por su probada responsabilidad en el asesinato de Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, y el caso Iguala con la desaparición de los 43; el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero debe ser llevado a juicio, no a otro cargo de elección popular, como pretende hacerlo.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, adelantó que los padres de los 43 y estudiantes han coincidido en realizar actos de protesta y boicot a esta candidatura.

“Va haber acciones de protesta próximamente si es un hecho la candidatura de este señor y no es una cuestión política porque dentro de las investigaciones que tiene la PGR por el caso de los 43 desaparecidos hay una línea de investigación abierta contra el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero”, reveló.

Otra línea de investigación es la que tiene que ver con el ex procurador, Iñaky Blanco Cabrera, los alcaldes, directores de Seguridad Pública y síndicos de Tepecuacuilco, Taxco, Cocula y Huitzuco.

“Tienen que dilucidarse sus responsabilidades, la ética política indicaría en un estado democrático y con partidos responsables hacer un escrutinio para saber a quién están postulando, que nos queda claro, no existe la moral política porque solo buscan obtener el poder por obtenerlo no lo vamos a permitir por esa razón”, insistió.

Durante la movilización que realizaron este martes, Rosales Sierra,  expuso que el objetivo de la movilización además de exigir justicia, es colocar en el centro la memoria de los dos estudiantes asesinados el 12 de diciembre de 2011.

“Recordar que se inaugura con sangre el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en esa fecha y creo que es el signo que marcó todo su gobierno, un gobierno irresponsable y que usó la fuerza para callar los movimientos sociales”.

Reconoció que tras los hechos del 12 de diciembre, no hubo la capacidad organizativa para poner un alto al gobierno aguirrista, que inició una serie de ataques sistemáticos en contra del normalismo y no hubo en su momento voluntad política para llevarlo a juicio político.

“Es una historia de impunidad, de cacicazgo, que utiliza la fuerza para ahogar la protesta social y de impunidad que ha marcado la historia de nuestro estado, Ángel Aguirre es un símbolo de esa barbarie, hay impunidad total, los dos policías Ministeriales están exonerados por una investigación irregular e indebido resguardo de la escena del crimen y permitió que los policías eludieran su responsabilidad”, dijo el abogado.

Desde el primero momento los tres poderes en Guerrero, incumplieron con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre ellas las demandas de juicio político en contra del entonces procurador, Alberto López Rosas y secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.

También permanecen estancadas las averiguaciones previas por la tortura en contra del estudiante Gerardo Torres, y en agravio de otros seis estudiantes, y aunque hay todos los elementos para que la Fiscalía General del Estado ejerza acción penal contra los policías ministeriales se ha quedado estática.

Ante la intención de dejar el caso en la impunidad se tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se revisen los agravios por parte de la Policía Estatal, Ministerial y Federal en contra de los estudiantes, como el uso excesivo de la fuerza, privación ilegal de la libertad, así como una posible responsabilidad internacional por parte del Gobierno Mexicano. (Agencia Periodística de Investigación)

Acerca Cuevas

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