Inicio / Gobierno / Conflictos Agrarios / Gobierno de Astudillo, distante de lograr la paz social: Secretario de Gobierno 

Gobierno de Astudillo, distante de lograr la paz social: Secretario de Gobierno 

*** Reconoce el Estado solo a 612 personas desplazadas

Vanessa Cuevas/API


Chilpancingo, Gro. 14 de Noviembre de 2017.- El Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame reconoció que aún están distantes de lograr la plena recuperación de la paz social, pero excusó que es notable la diferencia de la situación en la que se encuentra la entidad con relación al año 2015.


Durante su comparecencia ante diputados locales, el encargado de la política interna del gobierno estatal abordó de manera muy superficial el tema de los desplazados, y algunos casos no fueron mencionados, aunque estaban sustentados en el informe que hizo llegar de manera escrita a los legisladores. 


En el informe enviado de manera previa a los legisladores, reprochó las declaraciones emitidas por Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien señala a funcionarios estatales de una presunta vinculación con el crimen organizado. 


Asimismo habló de las recomendaciones que ha tenido Guerrero por la violación a los derechos humanos, así como el apoyo a los desplazados de diferentes municipios derivados de la violencia y enfrentamientos entre grupos delictivos.  


Recomendaciones de la CDHEG


Florencio Salazar reconoció que en Guerrero falta personal capacitado en las unidades administrativas responsables; actualizar la normatividad aplicable en aspectos específicos para la defensa de los derechos humanos y recursos económicos, sin embargo, se dijo seguro que los resultados son alentadores.


De acuerdo a sus estadísticas, hay una disminución de las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), en el periodo analizado del 2016 al 2017, pues de 60 recomendaciones que se tuvieron el año pasado, actualmente se tienen 44, disminuyendo en un 20 por ciento.


De las 441 recomendaciones recibidas, 18 fueron para la Fiscalía General del Estado; 10 a la Secretaria de Salud; seis a la Secretaria de Educación; tres a la Secretaria de Finanzas y Administración; dos a la Secretaria de Seguridad Publica; dos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una a la Dirección General del Colegio de Bachilleres; una al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense; una al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero; una a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, finalmente una a la Procuraduría de Protección Ecológica.


Salazar Adame indicó que se cumplieron 25 recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, de administraciones anteriores, emitiéndose 34 opiniones y propuestas.


Para el caso especifico de Aguas Blancas, dijo que se efectuó el pago total de la reparación del daño, que incluye las indemnizaciones a los familiares de las víctimas y sobrevivientes, en cumplimiento a la recomendación 104/1995, así como al Informe de fondo número 49/97, caso 11.520, Tomás Porfirio Rondín, emitida por la CNDH, y por la CIDH, respectivamente.


Conflictos Religiosos


El funcionario estatal abordó en su informe la inconformidad que se tienen con las declaraciones emitidas por Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, “por sus graves declaraciones sobre la presunta vinculación de servidores públicos con el crimen organizado”, Florencio Salazar señaló que hasta el momento el clérigo no aportado las pruebas que avalen sus declaraciones.


Además, de señalar la intromisión con grupos de la delincuencia, bajo el supuesto de promover acuerdos para terminar con la violencia, por lo que dijo se ha hecho del conocimiento de la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, ante las reiteradas declaraciones.


Florencio Salazar recordó que  el 28 de junio de 2017, Salvador Rangel declaró la presunta participación de la Secretaría General de Gobierno de intervenir sus llamadas telefónicas con equipo especializado.


Por lo que señaló que envió una carta aclaratoria al Obispo Salvador Rangel, rechazando categóricamente dichas actividades y conducirse con respeto a la ley, asíì como ofrecer las pruebas de sus dichos o una disculpa pública, la cual no ha sido presentada.


Con ello dijo que “es deseable que la orientación pastoral se realice en el marco de la ley y en el caso de tener información de servidores públicos vinculados a actividades delictivas, acudan a las autoridades competentes a fin de presentar las denuncias y las pruebas correspondientes”. 


Alerta de Género 


De acuerdo al informe del Secretario General de Gobierno, entre los protocolos que se aplicaron a raíz de la alerta de género que se implementó en ocho municipios de Guerrero, está la creación de Agencias Regionales de Ministerio Público Especializadas en Feminicidio, y el diseñó del Programa de Articulación de las Unidades de Investigación y Administrativas para la Atención de la Violencia de Género.


Esto luego de que el 28 de junio pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de Alerta de Género, para los municipios de Acapulco Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort por lo que el Ejecutivo Estatal aceptó el informe que contiene 10 conclusiones y 52 indicadores. Y el 21 de junio pasado, el Gobernador del Estado, emitióì la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM).


Desplazamiento Forzado


Sobre los desplazamientos forzados que se han registrado en el Estado derivado de la violencia y los enfrentamientos entre grupos delictivos, el Secretario de Gobierno dijo que dieron atención a 2 mil 612 personas, integradas en 65 familias originarias de las comunidades de Quetzalcoatlán, La Tondonicua, La Unión y Tepango; Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, de los Municipios de Zitlala, Petatlán, Ayutla de los Libres y Chilapa de Álvarez, respectivamente.


Señaló que para el caso especifico de los desplazados de La Tondonicua se adquirió un predio para reasentarlos.

Ley de los pueblos indígenas


Sobre la ley 701 la cual regula a la policía comunitaria, Florencio Salazar señaló que han realizado 32 reuniones de trabajo con más de 85 representantes, dirigentes e integrantes de organizaciones indígenas, sociales, culturales, de defensa de derechos humanos. Y el resultado les indica que “la población desea tranquilidad social, desarrollo para sus pueblos, políticas públicas en educación, salud, vivienda, alimentación, infraestructura y respeto a sus auténticos derechos”.


En abril de este año, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió al Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución del estado.


En el texto actual se establece que el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria.


Pero en la propuesta de Astudillo Flores se apunta que en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas se establecerá “una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia”, entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.


Hasta el momento las comisiones de Justicia y Asuntos Indígenas  no han dictaminado, pues las fracciones el PRI y PVEM buscan aprobar la reforma enviada por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.


Sobre el tema, el su informe, el secretario de seguridad publica, se dijo confiado que el congreso impulse y reconozca los derechos humanos de los pueblos originarios y de sus comunidades afromexicanas.


Conflictos  Agrarios


Indicó que para contribuir al impulso de la Zona Económica Especial Puerto Unión, han realizado 17 reuniones con ejidatarios y posesionarios del municipio de la Unión, a efecto de brindarles asesoría para regularizar la tenencia de la tierra, y darles certeza jurídica y “evitar futuras controversias”.


Sobre los conflictos agrarios dijo que actualmente existen 23 conflictos álgidos, tres se ubican en la colindancia con el Estado de Oaxaca, priorizando la integridad física y la vida de las personas, 17 atendiendo de manera oportuna las discrepancias entre los núcleos agrarios de Ixcuinatoyac, Jicayán de Tovar y Atzompa (Guerrero), y Santigo Petlacala y Santiago Tilapa (Oaxaca).


Estos fueron los principales temas que abordó Salazar Adame ante diputados locales, como parte de su informe correspondiente al segundo año de gobierno de Astudillo Flores. (Agencia Periodística de Investigación)

Acerca Cuevas

Mira también

Aparece sin vida una niña, en Chilapa 

*** Podría tratarse de una menor de 13 años, desaparecida desde el 12 de noviembre …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.