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PRI, PVEM y MC instruyen auditoría para Capama de Evodio, pero blindan las que manejaron Añorve y Walton 

Vanessa Cuevas/API

Chilpancingo, Gro. 27 de Julio del 2017.- Con el voto en contra del PRD por consideralo un tema político; las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM y MC aprobaron instruir a la Auditoría General del Estado (AGE) que evalúe el desempeño y audite el ejercicio de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2016, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA).


En contraparte, el PRI, PVEM y los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco de  MC, se opusieron a que se auditara a la Capama durante la administración de Manuel Añorve Baños y Luis Walton Aburto.  


La instrucción a la AGE también incluye que detecte y, en su caso, denuncie ante la Fiscalía General del Estado, posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos adscritos a ese órgano operador.


El punto de acuerdo fue presentado por la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, a través de su presidente, el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien argumentó que  durante la comparecencia del Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, reconoció corrupción por personal del organismo público descentralizado a su cargo.


La solicitud de la Comisión proponente fue rechazada por el PRD al considerar que era una cortina de humo y tema político, por lo que presentaron un modificación al punto de acuerdo en el solicitaban a la AGE, los resultados de auditoría de la CAPAMA correspondiente al periodo 2009- 2016; periodos en los que gobernó el PRI y MC,  así como las acciones  penales y resarcimiento financiero que haya realizado por la comprobación de hechos ilegales.


Sin embargo la modificación fue rechazada por el PRI, PVEM y los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco de  MC, porque esas administraciones las encabezaron Manuel Añorve Baños y Luis Walton Aburto.   


Entre los argumentos que presentó el priista para pedir a la AGE auditar a la Comisión, fue que el director de dicho órgano dijo que el era un técnico, y no un político que pudiera gestionar ante su jefe, el presidente municipal, u otras instancias gubernamentales, la corrección de los múltiples vicios que aquejan al organismo que dirige.


Samuel Reséndiz indicó que su Comisión ha detectado y documentado anomalías presentes en la referida Comisión de Agua Potable, entre las que mencionó el incremento presupuestal,desproporcionado e inequitativo de sueldos a mandos medios y superiores.


Así como el presupuesto del ejercicio 2016, destinado a sueldos de funcionarios, fue modificado en un 28 por ciento, pasando de 7 millones 088 mil pesos a 9 millones 052 mil pesos, pero al personal administrativo y operativo no se le otorgó incremento en esa proporción.


Además de ajustes indebidos en cuentas de usuarios del servicio de agua potable. En 2016, precisó, se realizaron cancelaciones y/o disminuciones de saldos sobre adeudos de usuarios sin contar con la aprobación del Consejo de Administración de la CAPAMA, además del Incorrecto incremento en el saldo de almacenes.


Manifestó que en 2016, el saldo de almacén subió en un 153 por ciento en relación con 2015, por adquisiciones innecesarias, no obstante, los problemas de liquidez del organismo y de que estas compras no representaron una mejora en la calidad de los servicios.


Así como autorización extemporánea del Programa Operativo Anual 2016, que fue aprobado hasta el 27 de enero de 2017, cuando ya se había cerrado el presupuesto correspondiente, pero tenía que haber sido presentado desde diciembre de 2015. 


Además de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad que pasaron, de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, de 128 millones 252 mil pesos a 140 millones 416 mil pesos.


Ante estos argumentos el perredistas, Ociel García Trujillo cuestionó a los diputados de la Comisión promoverte que si ya tienen documentado las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA; “¿Porque qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes, ante las instancias correspondientes?”. 


Con ello dijo que la propuesta de estudio resulta absurda y tendenciosa, por lo que  solicitaban a la AGE, realice el trabajo que la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero le obliga, en términos constitucionales y legales.


Consideró que era una cortina de humo este tema, porque “la CAPAMA ha entregado la información relacionada solo con el año 2016,  y no de los periodos en que gobernó el PRI y Movimiento Ciudadano, es tan burdo el tema pues los diputados del PRI integrantes de la Auditoría General del Estado, saben que CAPAMA fue utilizada  como caja chica”, afirmó.


E indicó que lo que la Comisión promovente debería solicitar a la AGE, son los pliegos de observaciones de 2014 y 2015, donde se solicita la aclaración de diversas irregularidades dentro de dichos  ejercicio presupuestales de los últimos dos directores de finanzas de la CAPAMA, uno de ellos, hermano de un diputado presente, en referencia a Eduardo Cueva Ruiz.


Pese a los argumentos presentados por el PRD, las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM y MC aprobaron instruir a la Auditoría General del Estado (AGE) para que evalúe el desempeño y audite el ejercicio de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2016 de la CAPAMA. (Agencia Periodística de Investigación) 

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