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Comunidades indígenas piden respeto a amparos logrados contra Mineras 

Bernardo Torres/API

México, DF.- La comunidad de San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa pidieron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Denunciaron que el Ejecutivo Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, busca impedir que la SCJN examine el fondo del asunto, al pedir a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, en lista bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su análisis en la Primera Sala del Máximo Tribunal el próximo 25 de mayo.

Luego de que la comunidad Júba Wajiín interpusiera una demanda de amparo al enterarse de que su territorio había sido concesionadoa una minera; en febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito del Estado de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras, invocando para ello tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

No obstante, la sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión; por su parte, en junio de 2014, San Miguel del Progreso acompañado por Tlachinollan solicitó formalmente a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.

En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala del Máximo Tribunal mexicano acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente, debido a que el caso cumple con los requisitos de importancia y trascendencia al estar relacionado con el análisis e interpretación de preceptos constitucionales y legales; con lo que se dio inicio al estudio del amparo en revisión radicado bajo el número 393/2015, ahora a cargo de la ponencia de la Ministra Piña Hernández.

Frente a la posibilidad de que la Suprema Corte analizara una Ley Minera que en años recientes se ha invocado para despojar a comunidades indígenas y campesinas por todo el territorio nacional, diversos actores han buscado obstaculizar los esfuerzos de la comunidad indígena para proteger su territorio.

Por ejemplo, la propia Cámara de Minería buscó que el máximo Tribunal negara el amparo y protección a la comunidad indígena, cuestionando incluso que la consulta fuera necesaria antes de otorgar de concesiones mineras.

En ese marco, cuando la demanda de Júba Wajiín estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015 la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas.

La cancelación beneficia de manera directa a al menos once núcleos agrarios de seis municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas emplazadas en 168,346 hectáreas de núcleos agrarios integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), organización en que se articulan las comunidades de la Montaña de Guerrero amenazadas por la minería a gran escala y de la que San Miguel Del Progreso forma parte.

Ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios.

De esa manera, además, Júba Wajiín quedó expuesta a nuevos riesgos. El 24 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la relación de declaratorias de libertad 02/2015 donde la SE declaró la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas” .

En dicha publicación se estableció que los terrenos quedarían libres a los treinta días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor.

Ante esto, la comunidad interpuso una segunda acción legal. El pasado 11 de diciembre de 2015 el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, admitió la nueva demanda de amparo radicando el juicio con el número 1402/2015 y otorgando a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Posteriormente, por conocimiento previo, se remitió el amparo al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva, quedando así radicado bajo el número de 429/2016.

A pesar de lo anterior, la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado en breve, durante la sesión de la Primera Sala de la SCJN del próximo 25 de mayo, a partir del proyecto que elabore la Ministra Piña.

Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad de San Miguel del Progreso solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos. (Agencia Periodística de Investigación)

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